Un tema candente durante estos últimos días de 2017 ha sido
el pensional. Dos noticias han acaparado los titulares recientemente: la
primera, la reforma pensional adelantada por el gobierno Macri en Argentina,
conducente a tapar un hueco fiscal en el sistema mayor a los 5 mil millones de dólares;
y la segunda, el anuncio en Colombia del presidente Santos de que no hubo
tiempo para hacer una reforma pensional, y que el próximo gobierno debe
quedarse con esa tarea.
El asunto no es nada sencillo: aquí juegan dos fuerzas a
veces diametralmente opuestas, una de las cuales siempre tendrá un alto costo
político. La primera fuerza es la racional, aquella que indica que un sistema
insostenible debe ser reformado, con el fin de que el consumo de recursos no
afecte a la sociedad en general; y la segunda fuerza es la emocional, en la
cual entran los argumentos de justicia y equidad, pero más aún el argumento de
estar afectando a una de las poblaciones más vulnerables de todas, como son los
adultos mayores (o viejos como se decía anteriormente, término bello pero que
desencadeno en, también, un argumento emocional, de que se refería a esa
población mayor de forma peyorativa…nada más alejado de la realidad).
Claramente, desde que el sistema pensional fue creado,
muchas cosas han cambiado. Ya no solo la gente vive más tiempo, sino que cada
vez la población joven ─aquella que con su trabajo debe sostener a la población
mayor, por una vía u otra─ es más escasa. Atrás quedaron las épocas de
nacimientos de 7, 8 o más hijos, lo que garantizaba que muchos jóvenes en la
fuerza laboral, pudieran pagar las pensiones de menos viejos que, además,
vivían mucho menos.
En vista de esos cambios demográficos, el sistema
tradicional de pensiones es insostenible: cada día, de mayor manera, se deben
destinar mayores recursos de los impuestos recaudados para poder financiar las
pensiones de los viejos que están jubilados. Claro, otra consideración también entra
en escena: la mayoría de los viejos no son jubilados, pues la informalidad laboral
y el sistema, llevaron a que la mayoría de los que hoy son viejos, hayan
quedado excluidos del sistema pensional, creando un problema paralelo que
también debe ser atendido con recursos del presupuesto nacional. En sí mismo,
esto último no entra en discusión: ¿quién le va a negar unos ingresos mínimos
de subsistencia a una persona mayor que no tenga cómo financiar una vejez
digna?
La receta básica para tratar de corregir el desequilibrio es,
subir la cotización a pensión obligatoria y aumentar la edad de retiro. En la
hoja de cálculo esto funciona bien, salvo un par de detalles que son bastante
cuestionables: el primero, que ya de por sí existe una alta carga tributaria y
subir la cotización, si bien es realista pues es un mayor ahorro para el
futuro, seguiría minando la capacidad de compra de la mayoría de la población
en el presente; y el segundo tema, es un mercado laboral que tiende a excluir a
personas mayores de cierta edad, por lo cual aumentar la edad en la que vas a
recibir la mesada pensional, solo podría aumentar un problema de por sí ya
presente en muchas formas, es decir, de personas que en cierto momento ni
reciben salario y todavía les falta el requisito de la edad para acceder a su
pensión.
Es totalmente cierto que la reforma pensional es necesaria
para corregir algunos desequilibrios, infortunadamente la mayoría de veces que
se quiere discutir este tema, se corre a taparlo, pues una reforma de este
estilo es inmensamente impopular (si se hace bien hecha, valga decirlo) y eso
va en contravía de los intereses de la clase política. En Colombia se hizo en
el año 1993 una reforma que, para tratar de complacer a muchos frentes, creó
una figura pensional que crea muchos más problemas: un sistema dual conviviendo,
en el cual la mayoría de trabajadores no sabe hacía donde dirigir sus esfuerzos
pensionales; un régimen de transición de 20 años (un exabrupto); regímenes especiales
que todavía viven y crean cargas económicas adicionales muy complicadas de corregir;
entre muchas otras.
Por sí sola, la reforma pensional soluciona una parte, pero
debe venir acompañada también de una reforma laboral. Eso sí, lo que no se debe
hacer es, como muchos proponen, hacer primero la laboral, ver cómo funciona, y
luego sí entrar en discusión de una reforma pensional. Eso, sencillamente, es
seguir aplazando una solución que se necesita.
Sobre la mesa de lo que debe ser una reforma óptima hay
muchas propuestas, y debe ser deber del próximo gobierno, llevar a una mesa de
concertación los puntos que deba tener la reforma, donde estén muchos actores
involucrados. Incluso, debe haber alguien que abogue por los niños y niñas de
este país (incluso los que aún no han nacido), porque son ellos, dentro de 30 o
40 años, los que van a terminar pagando de su bolsillo y de sus impuestos, la
ineficacia de las generaciones actuales de no haber podido tramitar una reforma
pensional que garantice ingresos para los mayores y una sostenibilidad del
sistema a futuro.
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